Colombia se reconoce constitucionalmente como una Nación pluriétnica y multicultural, con derechos garantizados para todas las personas sin distinción. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que esta igualdad formal todavía no se traduce plenamente en la vida cotidiana. En el entorno universitario, la discriminación no es un concepto abstracto: puede aparecer en el aula, en los trabajos en grupo, en actividades deportivas, en prácticas profesionales y también en los espacios digitales.
Para comprender cómo prevenir y enfrentar estas situaciones, resulta útil revisar el Proyecto para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación impulsado por la Defensoría del Pueblo. Más allá de su dimensión jurídica, este proyecto ofrece herramientas claras para identificar conductas discriminatorias y promover entornos de respeto por la diferencia, algo clave para la convivencia universitaria.
El proyecto parte de una idea central: la discriminación en Colombia no se sostiene solo por la pobreza o la exclusión económica, sino también por prejuicios, imaginarios y patrones culturales que se han normalizado con el tiempo. En la universidad, esto puede verse en comentarios minimizados como «chistes», en exclusiones justificadas por la costumbre o en tratos desiguales que afectan la participación académica. Nombrar estas prácticas es el primer paso para transformarlas.
Uno de los aportes más relevantes del proyecto es su catálogo descriptivo de conductas discriminatorias, organizado por criterios poblacionales como edad, origen, sexo, discapacidad, etnia, color de piel, orientación sexual, condición social o estado de salud. Este enfoque pedagógico permite pasar de principios generales a situaciones concretas, facilitando que estudiantes y comunidades educativas reconozcan cuándo una acción sí constituye discriminación.
En el campus, estas conductas pueden manifestarse como microexclusiones, barreras para participar o falta de ajustes razonables. Reconocer que no se trata de hechos aislados, sino de patrones repetidos, ayuda a intervenir de forma temprana y a mejorar la convivencia, evitando que el mérito académico dependa de la aceptación social.
El proyecto también destaca la importancia de la construcción colectiva. Su elaboración fue posible gracias a años de trabajo conjunto entre la Defensoría y más de 20 organizaciones sociales, lo que demuestra que los avances en derechos requieren participación, diálogo y presión sostenida. En la vida universitaria, esto se traduce en liderazgo estudiantil, protocolos claros y una cultura institucional que valore la diferencia.
Practicar la igualdad implica acciones concretas: revisar cómo se distribuyen la palabra y las responsabilidades en los grupos, cuidar el lenguaje, acordar normas de convivencia y activar los canales institucionales cuando ocurre discriminación. Un campus inclusivo no se construye solo con buenas intenciones, sino con criterios claros y prácticas constantes que reconozcan la diversidad como parte esencial de la vida universitaria.
